Qué resolvió la magistrada neoyorquina
La resolución de Preska acata el fallo de la Cámara de Apelaciones que revocó la condena millonaria y deja la definición final en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Con esta orden, la magistrada puso fin a su intervención en la causa tramitada en Nueva York por la expropiación de la petrolera en 2012 y dejó sin efecto el fallo que había emitido en 2023.
Aquella sentencia de primera instancia obligaba a la Argentina a pagar US$16.100 millones, monto que con intereses superaba los US$18.000 millones. El juicio se originó por la expropiación del 51% de las acciones de YPF durante la gestión de Cristina Kirchner, en 2012.
El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito
La decisión judicial acata el pronunciamiento dictado en marzo por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, donde los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes, anularon la sentencia de primera instancia al concluir que se había interpretado de forma errónea la ley argentina. El tribunal de alzada resolvió que la legislación de expropiación argentina impide demandas de terceros que interfieran con el proceso expropiatorio.
La Cámara señaló además que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos por daños. La instancia de apelación ordinaria quedó agotada luego de que el pleno del tribunal rechazara un pedido de revisión en junio.
El recurso de Burford ante la Corte Suprema
El fondo de litigios Burford Capital, financista de la demanda interpuesta originalmente por los exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, presentó a principios de octubre un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En su presentación, el demandante calificó la decisión de la Cámara como "gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes".
Sin embargo, la admisión del caso no es obligatoria para el máximo tribunal estadounidense. La Corte recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones anuales y suele conceder la revisión de aproximadamente 80 expedientes, sin plazos fijados para expedirse. En paralelo, Burford abrió un reclamo arbitral ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.
