El caso SisVial y la denuncia judicial
El fondo fiduciario del Sistema Vial Integrado (SisVial) saltó a la fama en los últimos días. Se nutre de un impuesto a los combustibles líquidos y fue denunciado en la Justicia por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, por supuestamente no utilizarlo para el arreglo de rutas y sí para financiar al Tesoro. La denuncia, presentada por la diputada Victoria Tolosa Paz, sostiene que al 31 de mayo de 2026 este fondo mantenía más de $1001 billones colocados en inversiones financieras entre plazos fijos y títulos públicos, mientras otros $37.761 millones permanecían inmovilizados en la cuenta corriente. En total, más de $1038 billones se encontraban ajenos a la ejecución de obras viales.
La denuncia también revela que durante los dos años y medio analizados, la recaudación asignada al SisVial alcanzó los $1503 billones, pero solo $394.406 millones fueron aplicados a su destino específico, lo que representa una subejecución del 738%. Además, advierte que no toda la recaudación asignada habría ingresado efectivamente a la cuenta fiduciaria, circunstancia cuyo circuito y destino solicita que sean investigados por la Justicia.
El FAMP y otros fondos bajo la órbita de Economía
Otro de los fondos bajo la lupa es el FAMP, de origen fueguino, que hasta fines de junio era tutelado por una delegada de Santiago Caputo, Noelia Ruiz. Si bien llegó a manejar unos 150 millones de dólares de presupuesto, el Ejecutivo ahora tendría la intención de vaciarlo: a principios de este año redujo "a cero" el aporte de las ensambladoras de la isla que lo financian desde su constitución en 2021. Aún continúan operativos los proyectos aprobados por el fenecido directorio, como un puerto en Río Grande o la construcción de hoteles. La directiva a cargo del FAMP renunció hace poco más de un mes. "Economía no renovó sus cargos", dijo una fuente consultada.
Sin embargo, el fondo fueguino no figura en el listado de los 20 fondos fiduciarios "en disolución" en el último informe de la Secretaría de Hacienda, como sí lo está el destinado a la "Asistencia Directa a Víctimas de Trata" o el FISU, creado para urbanizar villas de emergencia. Entre los que continúan operativos se encuentran el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, el destinado a la Infraestructura Hídrica y el referido a los Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. En la oposición alertan que la mayor parte está bajo el paraguas del Palacio de Hacienda cuando años atrás estaban distribuidos entre distintos ministerios.
La proyección de la oposición y el rol de Hacienda
Según los registros del Instituto Consenso Federal, que dirige el ex diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, el Gobierno ya tendría "más de 3.000 millones de dólares ya acumulados (hasta 2025) con una proyección total de 4.000 millones de dólares a alcanzar a fin de 2026". El dirigente del peronismo federal arriesgó una proyección aritmética para todo 2026 -unos 956 millones de dólares- teniendo en cuenta que según datos oficiales el resultado financiero de los fondos fiduciarios acumulado al primer trimestre del ejercicio del año ascendió a "239 millones de dólares a valor dólar promedio".
En los hechos, los fiduciarios son una "caja" estatal con recursos específicamente asignados a un propósito determinado, como reparar rutas o subsidiar las tarifas de gas, administrados mediante un fideicomiso por algún organismo del Gobierno. En la actual administración, todos están supervisados por el Palacio de Hacienda. Es que el decreto N° 215/2024 designó a la cartera económica como fiduciante en representación del Estado Nacional "en todos los fondos integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional ejerciendo en ese carácter la dirección de dichos Fondos Fiduciarios".
El destino de los fondos y la promesa de Milei
Javier Milei dijo en 2024 que iba a eliminar estos fondos por ser "cajas de la política", pero actualmente siguen vigentes unos 27, muchos de ellos con funciones clave para la infraestructura y los subsidios. El uso discrecional de los fiduciarios escaló luego de que La Nación informara que el SisVial no distribuía la mayor parte de su patrimonio para el arreglo de rutas. La oposición sostiene que Economía los utiliza como una herramienta de financiamiento discrecional, desviando recursos de sus fines específicos.
El caso SisVial, con su denuncia judicial y las cifras de subejecución, se convirtió en el símbolo de esta controversia. Mientras tanto, la oposición exige explicaciones y que se cumpla la promesa de eliminar estas "cajas" que, según denuncian, se utilizan sin control ni transparencia.
