Objetivos de la formalización y recaudación
El titular del Palacio de Hacienda adelantó que el proyecto se enviará al Poder Legislativo mañana. En base a estimaciones del Banco Central (BCRA), Caputo precisó que existen más de US$170.000 millones en billetes bajo el colchón, una cifra que cuadruplica los depósitos en dólares del sistema. El ministro enfatizó la necesidad de que estos fondos se integren a la economía formal para impulsar el crecimiento y aumentar la recaudación fiscal, permitiendo futuras bajas de impuestos.
Caputo también indicó que mantener los dólares fuera del sistema financiero es una decisión poco ventajosa para los ahorristas, ya que pierden valor a lo largo del tiempo. Sostuvo que el objetivo primordial del Gobierno es fomentar la inversión y garantizar que el dinero se vuelque al circuito bancario. Así, se busca generar un mayor superávit económico que beneficie a toda la sociedad, según afirmó el funcionario.
Seguridad jurídica y ampliación del universo de contribuyentes
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, destacó que las modificaciones propuestas buscan fortalecer la seguridad jurídica del régimen, generando la confianza necesaria para que los ciudadanos se animen a adherir. Uno de los puntos clave es la ampliación del universo de contribuyentes: se eliminan los topes patrimoniales y de ingresos, abriendo el régimen a todas las personas humanas y sucesiones indivisas. Incluso los Grandes Contribuyentes podrán optar por una modalidad simplificada.
Modificaciones clave en las discrepancias y la carga probatoria
Otro aspecto relevante se refiere a la configuración de la discrepancia significativa, donde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectará un aumento del impuesto o una reducción de quebrantos impositivos inferior al 15%. No obstante, no habrá exclusión del régimen si la diferencia nominal reclamada no supera el equivalente al 5% del monto de evasión previsto, establecido en $5 millones, otorgando mayor flexibilidad a los contribuyentes.
En cuanto a la carga probatoria, se invierte la responsabilidad hacia ARCA, que solo podrá usar información declarada o de terceros, sin recurrir a presunciones para sostener una discrepancia. Se otorga al contribuyente un plazo de hasta 15 días hábiles para presentar una declaración jurada rectificativa y cancelar o regularizar la diferencia, junto con los intereses, una vez notificado. Esto ofrece una nueva oportunidad para no perder los beneficios del régimen.
Finalmente, el proyecto restablece la presunción de exactitud si un contribuyente paga un ajuste y la impugnación de ARCA se revoca posteriormente. En tal situación, el organismo fiscal deberá reintegrar los importes correspondientes con intereses de repetición en un plazo máximo de 45 días hábiles desde la notificación de la resolución firme. Estas medidas buscan brindar mayor certidumbre y respaldo a quienes se sumen al blanqueo.
