Rechazo al traslado de escuadrillas
La medida anunciada por el Ejecutivo nacional implica mudar las escuadrillas de vigilancia marítima y la escuela de aviación a la base Comandante Espora, en Bahía Blanca. El gobierno provincial, a través de un comunicado oficial, manifestó su repudio y señaló que respalda al intendente David Angueira y a la comunidad de Punta Indio en su reclamo frente a las autoridades nacionales.
La Base Aeronaval Punta Indio es la principal fuente de empleo en el municipio. Según el texto oficial, la drástica reducción de sus actividades afecta a 185 trabajadores civiles y 300 militares que serán trasladados, lo que representa un golpe significativo para la economía local y para la identidad de una comunidad que ve en esa institución parte de su historia.
Mesa de Defensa de la base
El Ejecutivo bonaerense expresó su preocupación y decidió acompañar la iniciativa municipal de constituir una Mesa de Defensa de la Base Aeronaval Punta Indio. Esa instancia contará con la participación del personal civil y militar de la base, representantes de los bloques del Honorable Concejo Deliberante local, autoridades municipales, sindicatos, instituciones y organizaciones de la comunidad.
En el comunicado se precisó que el gobierno provincial reclamó al ministro de Defensa, Carlos Presti, que responda positivamente a los pedidos de audiencia enviados desde el municipio de Punta Indio. La gestión provincial busca así canalizar institucionalmente el malestar y evitar que la medida se concrete sin un diálogo previo con las partes afectadas.
Defensa de la capacidad operativa
El Gobierno bonaerense reafirmó la importancia de mantener la Base Aeronaval Punta Indio en plena capacidad operativa. Sostener esa condición resulta vital para conservar los puestos de trabajo que dependen de la base y para preservar una institución que forma parte de la historia de la región.
La decisión nacional de trasladar las escuadrillas y la escuela de aviación a Bahía Blanca fue considerada por la Provincia como una medida que impacta directamente en el entramado social y productivo de la zona. El rechazo provincial se suma así al reclamo de intendentes y organizaciones locales que ven en la base un pilar del desarrollo regional.
