Sexta (Buenos Aires, 2 de octubre de 2026).- El Gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof y las cuatro principales distribuidoras eléctricas de la provincia (EDEN, EDEA, EDES y EDELAP) apelaron formalmente el fallo que congeló las subas tarifarias y ordenó reajustar los valores a los cuadros anteriores. La causa se trasladó a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, según publicó Agencia NA.
El origen del conflicto: la Resolución 585/2026
La disputa se inició con la Resolución N° 585/2026 del Ministerio de Infraestructura bonaerense, que autorizó subas de entre el 1,5% y el 3,5% a partir del 1 de julio. La Defensoría del Pueblo de la Provincia, conducida por Guido Lorenzino, interpuso una acción de amparo para frenar el impacto en los usuarios, de acuerdo con Agencia NA.
La cautelar y el argumento de las audiencias públicas
El juzgado que tomó el caso dictó una medida cautelar que suspendió las actualizaciones de los componentes provinciales y ordenó la devolución total del dinero ya facturado bajo el nuevo esquema. El magistrado apuntó a la falta de audiencias públicas: "Hace diez años que no se realiza una audiencia pública. Pretender justificar constantes subas en una ‘tarifa de transición’ por tiempo indefinido desnaturaliza el derecho a la información de los usuarios". Días después, a pedido de la Defensoría, la Justicia aclaró que la suspensión también alcanza a todas las cooperativas eléctricas municipales y provinciales.
La apelación y el efecto suspensivo pedido
Frente al revés judicial, el Gobierno bonaerense recurrió mediante la Fiscalía de Estado, en sintonía con las presentaciones de EDEN, EDEA, EDES y EDELAP. Las prestatarias buscan que la apelación sea tratada con efecto suspensivo, lo que les permitiría volver a aplicar las subas vigentes desde julio mientras se resuelve la cuestión de fondo. La Provincia cuestiona la obligatoriedad de convocar a una audiencia pública para este tipo de actualizaciones, según Agencia NA.
El expediente en la Justicia
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, bajo la firma del juez Agustín López Coppola, derivó formalmente todo el expediente hacia el tribunal de alzada marplatense. El recurso fue concedido por el juez de primera instancia y la controversia sobre el costo del servicio público para millones de bonaerenses quedó ahora en manos de la Cámara, de acuerdo con Agencia NA.
