Sexta (Buenos Aires, 11 de agosto de 2026).- El exintendente de La Plata, Julio Garro, fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta. La investigación se inició a raíz de una denuncia penal radicada por la actual administración municipal platense.
La acusación contra el exintendente
La justicia imputó al ex jefe comunal por los delitos de enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente penal se centra en la aprobación y desarrollo de loteos considerados ilegales para la construcción de viviendas en la región. La medida judicial alcanza también a varios exfuncionarios que integraron el gabinete municipal de la anterior gestión gubernamental.
Exfuncionarios de la gestión bajo investigación
Junto a Julio Garro, la imputación recayó sobre otros exmiembros de su equipo de gobierno local. Entre los procesados figuran el exsecretario de Coordinación [dato pendiente], la exsecretaria de Planeamiento María José Botta y la exdirectora general de esa misma área, Marcelo Rogg. Todos ellos están bajo la lupa de los investigadores por haber facilitado o autorizado las urbanizaciones sin el debido marco legal exigido por las autoridades correspondientes.
La denuncia del gobierno actual
La causa penal se inició formalmente a partir de la denuncia presentada por la gestión conducida por Julio Alak, quien asumió la conducción del municipio bonaerense. Los equipos técnicos de la actual administración relevaron la situación de las tierras de la periferia platense y detectaron un esquema de aprobaciones que no cumplía con los pasos legales mínimos requeridos para este tipo de emprendimientos inmobiliarios.
Según detallaron las fuentes de la investigación, el número total de los loteos irregulares alcanzaría un estimado de 450 predios destinados a viviendas familiares. El escrito judicial advierte sobre la gravedad de estas maniobras, las cuales permitieron la venta y comercialización de terrenos que carecían de los servicios básicos y de la infraestructura reglamentaria exigida por la provincia.
Irregularidades detectadas entre 2015 y 2023
La acusación sostiene que los exfuncionarios imputados actuaron desobedeciendo de manera expresa las órdenes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La normativa provincial impedía autorizar nuevas urbanizaciones sin obtener previamente una convalidación legal y técnica obligatoria. Estas acciones irregulares en el manejo de tierras públicas y privadas se habrían desarrollado de forma continuada en el período comprendido entre los años 2015 y 2023.
